Claves de los conflictos legales en la economía colaborativa

La economía colaborativa no es ilegal. Tampoco “alegal”. Y no está directamente relacionada con la economía sumergida. Sin embargo, las plataformas de la economía colaborativa se enfrentan cada día a retos legales y al surgimiento de conflictos.
Compartimos aquí las cuatro claves que consideramos fundamental tener en cuenta a la hora de analizar las posibilidades que tiene una plataforma de la economía colaborativa, bajo demanda o digital, de entrar en conflicto con la normativa existente o los sectores establecidos.

LA EXISTENCIA DE SECTORES REGULADOS

Los conflictos, en este caso, vienen dados por las posibles fricciones entre empresas de sectores establecidos que se encuentran con la existencia, en su ámbito de actividad, de una normativa muy restrictiva o muy exigente y los nuevos modelos de negocio que surgen cerca de su esfera. Sucede actualmente, sobre todo, con los sectores del alojamiento, el transporte y también con las plataformas de microtareas que ofrecen servicios de limpieza, al tener éstos una normativa específica asociada.
Si bien cuando hablamos de plataformas estamos hablando normalmente de intermediarios, a los que se les aplica una normativa específica, la LSSI, y no prestadores de servicios del sector del que se trate (Airbnb se suele considerar como la mayor hotelera y, sin embargo, no tiene ninguna habitación; Blablacar se podría considerar como la competencia más directa de los servicios de transporte y no tiene ningún medio de transporte), lo cierto es que resulta innegable que la actividad real que tiene lugar gracias a la plataforma, así como el volumen de negocio de la misma, como comentaré más abajo, impacta directamente sobre los prestadores de servicios tradicionales, lo que hace que las tensiones surjan irremediablemente.
En este caso, aunque los sectores establecidos se han mostrado, en general, reacios a aceptar y adaptarse a los nuevos modelos de negocio que han hecho tambalear su statu quo, hay que tener en cuenta que, normalmente, los debates regulatorios han girado en torno a la necesidad de disminuir las barreras de entrada y salida al mercado para las empresas establecidas.

EXISTENCIA DE UNA NORMATIVA RÍGIDA O PROTECCIONISTA 

En el primer caso, encontramos los modelos de negocio que encuentran dificultades a la hora de calificar a sus usuarios como empleados o no y chocan de frente con la normativa laboral. En el caso de las plataformas, hay una tendecia clara a huir de la aplicación del derecho laboral, con un deseo de independencia y ajenidad por parte de las propias plataformas y también de los usuarios, precisamente por su naturaleza eficiente y por su ánimo de eliminar intermediarios y establecer relaciones más directas entre usuarios. Sin embargo, en la práctica no siempre se da esa independencia y ajenidad.
Las plataformas se encuentran con que no hay una normativa en la que, expresamente, se diga cuándo una relación es laboral y cuándo no. La existencia de la relación laboral en estos casos se basa en indicios, que son muy variados: desde la fijación de un horario, fijación de tarifas, disponibilidad horaria para la plataforma, método de pago de la plataforma al usuario que presta el servicio, controles de cualquier naturaleza, etc.
La huida del derecho laboral por parte de las plataformas, por un lado, y la vis atractiva de una normativa rígida como la laboral, por otro, es foco natural de tensiones y conflictos que, en la mayor parte de los casos, habrá que resolver plataforma por plataforma.
Por otro lado, la existencia de una normativa proteccionista, como es la de los derechos de los consumidores, es otro de los factores que puede fácilmente causar fricciones ya que, en la gran mayoría de plataformas no se distingue cuando un servicio es prestado por un profesional y cuándo no, creando dudas sobre qué legislación aplicar a la hora de la responsabilidad.

LA EXISTENCIA DE RELACIONES ASIMÉTRICAS

En directa relación también con el derecho de los consumidores, por ejemplo, está la existencia de relaciones asimétricas. Y es que es fundamental para la aplicación correcta de la normativa la distinción entre profesional y no profesional, permitiendo así las verdaderas relaciones P2P, o entre iguales, de las que presumen las plataformas de la economía colaborativa.
Y no solamente para determinar qué normativas de derecho de los consumidores se aplican a los usuarios, si es que es el caso. También resulta relevante para determinar si la plataforma tiene o no alguna responsabilidad de cara a la transacción que tiene lugar en su entorno digital.
Con la profesionalización o no, vendrá el requisito de la habitualidad, que nuestro Código de Comercio exige a las actividades para considerarlas profesionales. Y de la profesionalización de las actividades de los usuarios se derivará la fiscalidad oportuna, tema que causa no pocos conflictos y que ha dado pie a que la economía colaborativa haya llegado a ser relacionada directamente con la economía sumergida y el dinero negro en algunos medios de comunicación.

VOLUMEN DE NEGOCIO

Por último, este condicionante, si bien es el más mundano de los cuatro, también consideramos que es el más realista. Y es que el impacto que tenga un modelo de negocio o una plataforma en relación a los conflictos que llegue a ocasionar por las tres claves ya comentadas, tendrá una relación directamente proporcional con el volumen de negocio que tenga la plataforma y, por lo tanto, el impacto que pueda tener en los sectores a los que afecte.
Y si no lo creéis, que se lo pregunten a Blablacar o Airbnb.
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